Fernando Lamata (Original Language)

Name of Lead Author: Fernando Lamata
Organization: Regional Health Service, Madrid
Country: Spain

Abstract

En todos los países del mundo hay muchas personas que no han podido acceder a los medicamentos que necesitaban. Se está violando el derecho humano a la salud, y en muchos casos el derecho a la vida.

La implementación del modelo actual de monopolios para la comercialización de medicamentos ha generado graves incoherencias con las políticas que promueven los derechos humanos, como el derecho a la salud. Esta implementación no garantiza el acceso a los medicamentos a millones de personas en todo el mundo por los elevados precios de los medicamentos, impidiendo resolver importantes problemas de salud pública. Este modelo tampoco garantiza la investigación y la disponibilidad de de los medicamentos en función de las necesidades de salud. Y, además, este modelo es muy ineficiente.

Se proponen tres estrategias, con efecto a corto, medio y largo plazo, para contribuir a re-equilibrar el balance en el sistema de innovación, desarrollo, producción y acceso a los medicamentos, contribuyendo así a que todas la personas puedan vivir en salud y con dignidad (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 3).

1) Entre tanto se mantenga el sistema de patentes, se debe modificar la implementación del modelo, impulsando y logrando la negociación de precios justos, cercanos al coste de producción (coste de fabricación + I&D), más un beneficio prudente (5%). Para ello se debe aumentar el poder de negociación de los gobiernos frente a las multinacionales farmacéuticas, mediante las medidas oportunas. El impulso de estas medidas desde la Secretaría General sería muy deseable.
2) Cuando no se consigan precios justos se debe agilizar y generalizar la aplicación de licencias obligatorias.
3) Sustituir el sistema de monopolio por un sistema donde la investigación y desarrollo de medicamentos se realice desde Plataformas Públicas de Investigación, y los medicamentos se fabriquen y vendan a precio de genérico.

Submission

El actual sistema de fijación de precios de los medicamentos y de financiación de la investigación, basado en el monopolio que conceden las patentes, funciona bien para las empresas, pero funciona mal para los pacientes, para los sistemas de salud y para la sociedad. Veamos las incoherencias del modelo:

a) Precios exageradamente altos: fijación de los precios por el “valor”, manteniendo al mismo tiempo el monopolio (el modelo de patentes).

El acceso a las medicinas que contribuyen a mantener y recuperar la salud y evitar la muerte prematura es un derecho humano fundamental. Este derecho se está violando. Hay millones de personas en el mundo que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan porque ellos o sus sistemas sanitarios no pueden pagar el alto precio que exigen los fabricantes. Estos precios tan elevados detraen recursos necesarios para atender otros problemas de salud de miles de personas, y ponen en riesgo la viabilidad de los sistemas sanitarios.

Las empresas que fabrican productos intentan poner el precio más alto que puede pagar el mercado (en este caso los pacientes o los sistemas de salud). En un mercado abierto, la competencia haría bajar los precios acercándolos al precio de coste de fabricación. Los parlamentos y los gobiernos aprobaron las patentes de los medicamentos con el fin de proteger a las empresas innovadoras, concediéndoles el monopolio, la exclusividad de comercialización. Este monopolio permitiría cobrar un sobre-precio durante 10-20 años para poder recuperar el coste de la investigación. Esa y no otra es la justificación del monopolio.

Pero, en los últimos años, muchas empresas farmacéuticas han utilizado ese monopolio para poner precios exageradamente altos, muy por encima del coste de la investigación. Estos precios favorecen a las empresas, que a) logran altas rentabilidades por ventas (20%) y, b) impulsan la revalorización de las acciones, aumentando el valor de su capitalización (medicamento como “producto financiero”). Al precio de coste de producción (coste de fabricación + coste de I&D) más un beneficio razonable (5%), un precio justo, se podrían evitar millones de muertes y mucho sufrimiento. ¿Por qué no se hace?

Cuando se ha objetivado que el coste de la investigación no justifica estos sobre-precios (por ejemplo, 5.000% sobre el coste), las empresas farmacéuticas han empezado a hablar del precio por “valor” (los años de vida ganados, los ahorros en otros tratamientos, el precio de otros productos similares que fueron autorizados antes, o la autorización como medicamentos huérfanos). Pero ninguna de estas razones justifica el monopolio, la patente.

Con el criterio de precio por valor, los antibióticos, o algunos procedimientos quirúrgicos como la apendicectomía, o la cura de una herida por una enfermera, o el diagnóstico de un profesional de atención primaria, que salvan vidas, que ganan muchos Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC), y que ahorran muchos gastos, podrían tener precios de 1 millón $, o más, por cada intervención (a 30.000 $ por AVAC). Sería un disparate.

Como punto de partida de la negociación de precio por valor (lo máximo que está dispuesto a pagar un cliente) las empresas suelen tomar el precio fijado en EEUU (donde existe una alta renta y prohibición de negociación del precio). Después, se negocian precios en Europa y en los otros continentes, en función de la renta de cada país (ver Informe Wyden-Grassley, 2015).

Las empresas, una vez consiguen que se “desligue” el precio de lo que cuesta realmente (por ejemplo poner un precio de 100.000$ por algo que cuesta 1.000$), y una vez logran que el comprador (médicos, pacientes, reguladores) “acepten” que ese es el “coste”, proponen acuerdos de descuentos, precio por volumen, pago aplazado, riesgo compartido, etc. Todos estos métodos son “paliativos” del precio abusivo injustificado.

La patente, y el monopolio que permite fijar un sobre-precio, es un instrumento social cuya finalidad es garantizar que la empresa innovadora recupere la inversión en investigación y desarrollo. La patente se está utilizando de forma abusiva cuando una empresa aprovechara la posición dominante en el mercado para subir los precios hasta el límite máximo que el país pueda pagar. Esto es una incoherencia política grave.

b) El modelo de patentes no ha servido para incentivar la investigación y garantizar la disponibilidad de los medicamentos necesarios.

A pesar (o por causa) del sistema de patentes, la tasa de innovación ha caído, mientras el número de “me-too drugs” con poco o ningún valor terapéutico ha aumentado. Así lo han mostrado diferentes estudios (Lobo F 1989; Prescrire International 2005; Lee C 2006; ´t Hoen E 2009; Light DW, Warburton R 2011; de Boer 2015, etc.). Esta tendencia global tiene un impacto mucho más negativo para las necesidades de salud de las personas que viven en países de bajos ingresos.

También se ha cuestionado la imparcialidad, y por lo tanto la calidad, de la investigación cuando es financiada por la industria, al introducir importantes sesgos (Bell CM 2006; Sismondo S 2008; Lundh A 2012; Flacco ME 2015, etc.).

Por otro lado, este modelo condiciona que varios laboratorios realicen la misma investigación duplicando esfuerzos, riesgos para los pacientes que participan en los ensayos, y retrasando los avances científicos al no poder aprovechar los diferentes grupos de investigación los resultados de otros grupos.

Otros efectos de este modelo, que disminuyen la disponibilidad de los medicamentos, son: los retrasos en el lanzamiento de los nuevos medicamentos en un país; la retirada de medicamentos que son efectivos y baratos; o las situaciones de falta de suministro, debidas en parte a las dificultades de los países para pagar la factura farmacéutica, o a la resistencia en aceptar precios más elevados.

c) Ineficiencia del modelo de patentes para la sociedad (eficiencia exagerada para la industria).

Conviene subrayar que este modelo de financiación es, además, ineficiente.
El exceso de gasto en prescripción inadecuada, los efectos adversos evitables, el excesivo gasto de marketing (25% sobre ventas), y una tasa de beneficios que es mucho más alta que la media del sector industrial (20% frente a 5% sobre ventas), hacen ineficiente este modelo de financiar la investigación.

Si aplicamos un nuevo modelo en el que no se pague la investigación a través del sobre-precio del monopolio, sino que se financie directamente, supondría un ahorro respecto al actual de alrededor de un 30% del gasto farmacéutico total, unos 300.000 millones de $ anuales a nivel mundial.

d) La influencia exagerada en los agentes decisores. El control del discurso.

El modelo actual de financiación de la investigación a través del sobre-precio ha generado otro fenómeno perverso: la influencia excesiva en la opinón de los profesionales, así como la de los tomadores de decisión en los organismos reguladores y en las asociaciones de pacientes.

Muchas asociaciones de pacientes, y de profesionales sanitarios están financiadas por la industria farmacéutica. Muchos especialistas están como asesores en diferentes comités (en ocasiones remunerados) de los laboratorios. Estos mismos profesionales son los que elaboran las guías clínicas y los documentos de consenso. Muchos ensayos clínicos son financiados por la industria, que controla los protocolos y la publicación de resultados. Finalmente, la industria trata de influir también a los reguladores, parlamentarios, miembros de los gobiernos, miembros de las Agencias, etc. Para ello utiliza diversas fórmulas: formación, conferencias, financiación de las Agencias del Medicamento y las Agencias de Calidad, financiación de campañas electorales, etc. (Angell M, 2004; House of Commons 2005 ; Smith R, 2005; Light, Lexchin, Darrow 2013; Council of Europe 2015; Batt, S, 2015; Wyden-Grassley 2015).

e) Prescripción inadecuada. Sobreprescripción.

Los elevadísimos gastos en marketing (25% sobre la facturación) y el control del discurso sobre las sociedades científicas, los reguladores y las asociaciones de pacientes, presionan para aumentar la prescripción, aumentar la demanda e imponer los precios injustificados. Sin esa presión se reduciría muy probablemente la prescripción inadecuada, que según la OMS llega al 50% (WHO 2004; Holloway K A 2011), y se reducirían las medicinas con poca o nula utilidad terapéutica (Franklin C 2011; Even P, Debré B 2012; Emanuel EJ, Fuchs VR 2008). Es otra incoherencia política de este modelo: por una parte millones de personas no pueden acceder a los medicamentos, por otro lado, se consumen medicamentos innecesarios y perjudiciales.

f) Efectos adversos.

La disminución de la presión del marketing y la reutilización de parte de ese dinero en formación de los profesionales desde plataformas independientes, repercutiría, además, en la disminución de los efectos adversos de los medicamentos, que en la Unión Europea causan alrededor de 200.000 muertes anuales y tienen un elevado coste, superior a los 79.000 millones de euros anuales (Archibald K et al 2011).

g) El secretismo en torno a los costes y los precios.

No hay ningún otro sector de compra pública en el que se pueda tolerar el secreto en relación con los costes de los productos que se pagan con dinero público (salvo en las agencias de espionaje).

Se debe conocer en detalle cuánto cuesta producir el medicamento. Cuánto cuesta la investigación, la fabricación, la comercialización, etc. En función de ese conocimiento, se puede conceder una patente, y se puede fijar un precio razonable, que recupere el coste de la investigación en el tiempo que protege la patente. Lo demás es un abuso o una estupidez.


PROPUESTAS

Se proponen tres estrategias complementarias (con efectos a corto, medio y largo plazo), que se pueden poner en marcha simultáneamente (Lamata et al 2015). Estas estrategias pueden contribuir al desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y al derecho humano a la salud.

1. REDUCIR LOS PRECIOS, ACERCÁNDOLOS AL COSTE REAL DE PRODUCCIÓN, MEDIANTE EL REFUERZO DEL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS GOBIERNOS. Efecto a corto plazo.

Es preciso lograr precios justos. Mientras se mantenga el modelo de patentes, o en ausencia de competencia efectiva, el precio debe fijarse esencialmente por el coste de producción (coste de fabricación + coste de I&D), debidamente auditado, más un beneficio prudente (5%); el precio no debe ser fijado por el máximo que está dispuesto a pagar el paciente o el sistema de salud.

Para lograr precios justos es preciso recuperar el discurso, recordando la justificación inicial del sistema de patentes, y aumentar la fuerza de negociación de los gobiernos en relación con la fuerza de negociación de la industria (que, no olvidemos, está en buena parte basada en la concesión de las patentes por parte de los mismos gobiernos). Así mismo es importante garantizar la solvencia técnica y la independencia de todos los profesionales que intervienen en la toma de decisiones sobre precio y reembolso.

La Secretaría General podría recomendar las siguientes medidas a los Estados Miembros:

- Llevar a cabo iniciativas conjuntas (varios países, una región, etc.): modelo de fijación de precios más justo, compras conjuntas.

- Autorizar la comercialización únicamente de medicamentos que aporten valor. Retirar la autorización de comercialización medicamentos que no aportan valor; ser exigente en las condiciones de calidad y seguridad.

- Reembolsar (financiar públicamente) los medicamentos que aporten valor y desfinanciar los que no aporten valor.

- Negociar y fijar precios en base a los costes de fabricación y de investigación, más un margen comercial prudente (en la media del sector industrial, 5%), con lo que se conseguiría una reducción sustancial del gasto. No caer en la estrategia de la industria de fijar precio por el llamado “valor” (salvo que se quite el monopolio y se garantice de inmediato la competencia de forma efectiva con genéricos).

- Los estudios de coste-efectividad son útiles, pero se deben usar para no incluir, o excluir (autorización / reembolso) medicamentos o prestaciones del Servcio de Saud cuando no añaden valor, cuando no son efectivos. Estos estudios no son la base adecuada para la fijación de los precios. No es admisible fijar los precios según lo máximo que esté dispuesto a pagar (y pueda pagar) un paciente o un país (el valor) y al mismo tiempo limitar la competencia con la patente. No se deben usar los dos mecanismos a la vez. Como se ha dicho, la patente está pensada para recuperar los costes de I+D, no para subir el precio hasta lo máximo que alguien esté dispuesto a pagar (valor).

- Garantizar la independencia de los organismos evaluadores. Financiación exclusivamente pública de las Agencias. Prohibir la financiación por parte de la industria.

- Garantizar la independencia de los profesionales. Formación con financiación pública. Limitar progresivamente / prohibir la formación financiada por la industria, así como la financiación de publicaciones, congresos, etc.

- Garantizar la independencia de las asociaciones de pacientes, asegurando financiación pública. Limitar progresivamente / Prohibir la financiación a través de la industria.

- Exigir y regular transparencia en costes y precios, así como en las relaciones de los agentes implicados en decisiones con los medicamentos y la industria.

Esta estrategia puede tener impacto en corto plazo; aumentaría la coherencia política entre los beneficios de la industria y los objetivos de salud pública, tendría impacto sobre el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas de salud (derecho humano a la salud y mejora de la salud pública). Es posible implantarla, con respaldo firme de instituciones internacionales (Secretaría General, OMS, UE, etc.). Desde el punto de vista financiero supondría importantes ahorros. Requeriría una pequeña inversión inicial, para crear un Equipo de Trabajo de Alto Nivel que impulsara la estrategia en las instituciones nacionales e internacionales (discurso, información, etc.).


2. PROMOVER LA APROBACIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS CUANDO PROCEDA. Efecto a corto / medio plazo.

Si las empresas no aceptaran ajustar los precios a los costes, podría entenderse que hay un mal uso de la patente, ya que la finalidad de la patente no es el enriquecimiento de la empresa, sino la garantía de su estabilidad para mantener la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. En este caso, se debería conceder licencia obligatoria para que otras empresas pudieran fabricar de inmediato el medicamento a precio de genérico.

Las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales sobre patentes contienen elementos suficientes para hacer frente al problema planteado, mediante excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes. La concesión de Licencias Obligatorias se ha utilizado en algunos casos, en diferentes países y con buen impacto en el acceso a los medicamentos.

Si no hubiera empresas privadas que quisieran fabricar el genérico a precio de coste, o si una empresa consigue el poder de monopolio sobre un medicamento sin patente, subiendo los precios de manera exagerada (caso Daraprim), los gobiernos deberían organizar la producción a través de una empresa pública, al tratarse un riesgo para la salud pública. Otra opción viable es autorizar la importación. En este aspecto sería muy conveniente la coordinación entre países y financiadores de los sistemas de salud.

Esta estrategia corregiría el desequilibrio entre los beneficios de la industria y los derechos de los pacientes y la sociedad, tendría impacto mejorando el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas de salud (derecho humano a la salud y mejora de la salud pública). Implementación y recursos necesarios similares a la Estrategia 1.

3-DESLIGAR LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS PRECIOS. Efecto a largo plazo.

Esta estrategia puede rendir frutos en un medio-largo plazo. Se lleva proponiendo desde hace años (OMS) y avanza muy despacio, con algunas experiencias parciales.

Hay que subrayar que ya el 50% de la financiación de la investigación es pública, a través de becas, institutos públicos de investigación, subvenciones, premios, etc. Así mismo, el 75% de las moléculas innovadoras en EEUU tienen origen en financiación pública (Mazzucato M 2011, 2015). El otro 50% de la financiación lo aporta la industria, con el dinero “extra” que pagan los pacientes o los sistemas de salud, a través del sobre-precio que conceden los gobiernos con el monopolio. Si no se permite el sobre-precio, ese dinero (15-17% del precio de venta) se podría canalizar a la investigación y desarrollo directamente. Y, como se ha visto, se evitarían así otras ineficiencias (gasto en marketing, sobreprescripción, beneficio excesivo, etc., pudiendo ahorrar un 30% del gasto actual).

Se trataría de una plataforma abierta (o plataformas) global (o regional) de investigación pública, con financiación y control públicos, prioridades fijadas en relación con las necesidades de salud, coordinación de equipos, investigación abierta, y medicamentos puestos a la venta a precio de genérico. Variantes de esta idea han sido propuestas por la OMS, MSF y otras organizaciones. Se han desarrollado varias experiencias parciales para el desarrollo de medicamentos por organizaciones sin ánimo de lucro, que muestran la viabilidad de esta fórmula (Kiddell-Monroe R et al 2016).

En este sentido, la Secretaría General puede impulsar la tramitación de un Convenio Internacional sobre investigación y desarrollo de medicamentos. La I+D se desligaría progresivamente del precio del medicamento (evitando la concesión de patentes).

Se podría comenzar con una Plataforma Pública de Investigación, para investigar y desarrollar antibióticos, tal como han sugerido en algunas propuestas la OMS y la OECD. Esta plataforma de financiación pública debe asumir el control y la dirección desde los Gobiernos, con una participación subsidiaria de las empresas. Todos los medicamentos desarrollados a partir de esa iniciativa serían considerados bien público, con patente social y precio de medicamento genérico desde el primer momento.

Esta estrategia corregiría el desequilibrio entre la industria farmacéutica y los derechos de los pacientes y la sociedad, tiene impacto en la accesibilidad a los medicamentos, en la orientación de la investigación a las prioridades de salud pública, en el fomento de investigación, en aumento de la eficiencia de los recursos destinados a investigación. Políticamente es compleja, y hasta ahora no ha avanzado significativamente. Se ha intentado desde la OMS, pero se avanza con lentitud, por las fuertes resistencias de la industria (y de algunos gobiernos). El respaldo de la Secretaría General podría ser clave. Financieramente tendría ahorros importantes. Podría requerir inversión inicial para el desarrollo de la Plataforma o Plataformas.

Bibliography and References

Angell M (2004). The truth about the drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random; 2004.

Archibald K et al (2011). Open letter to the UK Prime Minister David Cameron and Health Secretary Andrew Lansley on safety of medicines. Lancet June 4 2011; 377: 1915

Batt S (2015). A community fractured: breast cancer activism, pharmaceutical company funding and social-related advocacy in Canada. In: Wehling P, Vichöver W, Koenen S, eds. The public shaping of medical research: patient associations, health movements and biomedicine. Routledge 2015.

Bell CM et al (2006). Bias in published cost-effectiveness studies: systematic review. BMJ 2006; 332 (7543): 699-703.

Bloemen S, Hammerstein D (2012). Time for the EU to lead on innovation. EU policy opportunities in biomedical innovation and the promotion of public knowledge goods. Health Action International, Trans Atlantic Consumer Dialogue. Netherlands, April 2012.
http://tacd-ip.org/wp-content/uploads/2012/04/Final-Paper-Time-for-the-EU-to-lead-on-new-innovation-models_April-16-TIMES-NEW-ROMAN.pdf

CESCR (2001) Human Rights and intellectual property. E/C 12/2001/15

CESCR (2005) Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment Nº17. The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic products of which he or she is the author (article 15, paragraph 1(c), of the Covenant)

Council of Europe (2015). Public health and the interests of the pharmaceutical industry: how to guarantee the primacy of public health interests? Parliamentary Assembly. Rapporteur: Ms Liliana Maury Pasquier. Doc 13869. 14 Sept 2015

De Boer (2015). Supplementary Protection Certificate for medicinal products. An assessment of European Regulation. Vrije Universiteit. Amsterdam.

DNDi (2014). An innovative approach to R&D for neglected patients. Ten years of experience & lessons learned by DNDi. Drugs for Neglected Diseases initiative, January 2014.

Emanuel EJ, Fuchs VR (2008). The perfect storm of overutilization. JAMA 2008; 299(23): 2789-91

European Commission (2009) European Competition Pharmaceutical Sector Inquiry

Even P, Debré B (2012). Guide des 4,000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Collection Documents. Cherche Midi.

EXPH (2015). Preliminary Report on Access to Health Services in the European Union. Expert Panel on Effective ways of investing in Health. September 2015
http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/010_access_healthcare_en.pdf

Flacco ME et al (2015) Head-to-head randomized trials are mostly industry sponsored and almost always favour the industry sponsor. J Clin Epidemiol. 2015; 68 (7): 810-820

Forbes (2015) The World’s Biggest Public Companies 2015 Ranking.
http://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall

Franklin C (2011) America’s epidemic of over-prescribing. The Guardan. 20 June 2011.

Hill A et al (2014). Minimum costs for providing Hepatitis C Direct Acting Antivirus for use in large-scale treatment access programs in developing countries. Clinical Infectious Diseases Advance Access publication February 13, 2014.

Holloway K A (2011). Combating inappropriate use of medicines. Expert Rev Clin Pharmacol 2011; 4 (3) : 335-348.

House of Commons Health Committee (2005). The influence of the pharmaceutical industry (2005).
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/42/42.pdf

Kiddell-Monroe R, Greenberg A, Basey M (2016). Re: Route. A map of the alternative biomedical R&D landscape. Universities Allied for Essential Medicines (UAEM).

Lamata F, Galvez R, Pita P, Sánchez Caro J (2015). Acceso a los nuevos medicamentos: el ejemplo de la Hepatitis C. Costes, Precios y Patentes. Madrid 18/6/2015
http://www.ffomc.org/sites/default/files/el%20acceso%20a%20nuevos%20tratamientos10.pdf

Lee, C. (2006) ‘New Drugs Declining, Research Costs Increasing, GAO says.’ The Washington Post, December 20. p. A08.

Light DW, Warburton RN (2011). Demythologizing the high cost of pharmaceutical research. Biosocieties, 2011; 6: 34-50, doi: 10.1057 / biosoc. 2010.40. published online 7 Feb 2011.

Light DW, Lexchin J, Darrow JJ (2013). Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs. J Law Med Ethics 2013; 41(3):590-600

Lobo F (1989) La evolución de las patentes sobre medicamentos en los países desarrollados. Doc. nº 009/1989 (Ponencia presentadas en la “Reunión de consulta sobre la industria farmacéutica Latinoamericana” organizada por el Sistema Económico Latinoamericano –SELA- Caracas 11 al 13 de Mayo de 1988).

Love J (2015). Drug pricing is out of control, what should be done? PLOS blogs.

Lundh A et al (2012). Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12: MR000033.

Mazzucato M (2011). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press.

Mazzucato M (2015) How taxpayers prop up Big Pharma, and how to cap that. Los Angeles Times. Oct. 27 2015.
Novoa A, Gérvas J, Ponte C (2014). Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. AMF 2014; 10 (7): 373-382

Prescrire International (2005) A review of new drugs in 2004: Floundering innovation and increased risk-taking. Prescrire International 14(76): 68-73.

Prescrire Int (2011) New drugs and indications 2010: indadequate assessment; patients at risk. Prescrire Int 2011: 20(115): 105-110
http://english.prescrire.org/en/115/446/48385/2403/2399/SubReportDetails.aspx

Sismondo S (2008). How pharmaceutical industry funding affects trial outcomes: causal structures and responses. Soc Sci Med 2008; 66(9):1909-14

Smith R (2005). Medical journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies. PLoS Med 2005; 2(5):e138

´t Hoen E (2009) The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power. AMB Publishers 2009, The Netherlands.

WHO (2004) The World Medicines Situation. World Health Organization, 2004.

WHO (2006) Public health, innovation and intellectual property rights : report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health

WHO (2012) Research and Development to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global Financing and Coordination. Report of the Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing and Coordination. Geneva. World Health Organization, 2012.

WHO (2012-2) Sixty-Fifth World Assembly, Geneva 21-26 May 2012. Resolutions and Decisions. WHA 65 22 Resolution: Follow-up of the report of the Consultative Expert Working Group on Research and Development: financing and coordination. Pag 37-38.

WHO (2015) Global Action Plan on antimicrobial resistance.
http://www.who.int/drugresistance/global_action_plan/en/

WIPO (2004). Handbook on intellectual property. World Intellectual Property Organization 2004, reprinted 2008.
WTO (1994) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 April 1994.

WTO (2001) Declaration on the TRIPS agreement and Public Health, Doha 14 Nov 2001.